La Ley de la dependencia, donde los recursos los aporta el Gobierno de España y la gestión las Comunidades Autónomas, tiene previsto, que la no contestación en seis meses a la petición de la dependencia, produce un silencia administrativo positivo, es decir que se da por estimada la pretensión de los ciudadanos solicitantes de dichos derechos. Pero la Generalitat Valenciana, en la Ley de Presupuestos de 2008, aprobó como parte integradora de la misma, un artículo donde determinaba que ese silencio administrativo fuese negativo y con ello desestimatorio para los ciudadanos que solicitasen ese derecho y que en seis meses no se diese respuesta a su solicitud.
Hoy el Defensor de Pueblo de España ha recurrido al Tribunal Constitucional, este artículo, lo que implica que se revisará la actuación del Gobierno Valenciano, para observar la constitucionalidad o no de esa actitud.
Veremos como resuelve este Tribunal, pero sin lugar a dudas, a mi juicio lo que está haciendo el PP valenciano es una enorme inmoralidad, que afecta a personas con unas condiciones de vida muy complicadas. Espero que reflexionen y cambien de actitud.