El día 12 de marzo de 2008, varios Diputados del Partido Socialista Valenciano, acudieron a los Juzgados a plantear una demanda ante la Generalitat por no aplicar la Ley de Dependencia.
La Ley de la Dependencia conlleva un conjunto de ayudas, consistentes en percepciones económicas, salarios a los familiares cuidadores, asistencias para transformar las viviendas, quitando las barreras arquitectónicas y adaptándolas a las situaciones de los dependientes, etc.
Todas estas aplicaciones se desarrollan en la mencionada Ley; el Gobierno de España, da a las Comunidades Autónomas el dinero para estos menesteres, y las Comunidades Autónomas gestionan el mismo.
Pues bien, la Comunidad Valenciana, en 2007, recibió para estas labores 28 millones de euros y 81 millones de euros para el 2008; ha contratado 29 evaluadores para comprobar el grado de discapacidad de todas las personas que soliciten la dependencia, lo que implica una espera tremenda.
No quiero entrar en el tema de la religión que lo entiendo inmerso en la esfera privada de cada persona, pero es sabido por todos, la enorme religiosidad tanto del Presidente Camps como del Conseller de Bienestar el Sr. Cotino, pues bies yo recuerdo como uno de los valores primordiales de la Religión Cristiana, el ayudar a los más desfavorecidos.
Me parece indigno e inmoral que desde la Generalitat, con el afán continuo de hacer oposición a Zapatero, se lo estén haciendo realmente a los ciudadanos, y además a unos ciudadanos con unas dificultades de vida enormes.
Señores de la Generalitat, tan legítimo es su Gobierno como el de Zapatero, así que por favor entiéndanse y solucionen los problemas de l@s ciudadan@s que para eso están, y no para crearlos.
Apliquen la Ley, y den las ayudas que tanto necesitan todas estas personas.